El megaproyecto habitacional que se levanta en San Antonio

Un paño de 365 hectáreas de terreno agrícola en el corazón de San Antonio es considerado por las autoridades locales como el “futuro” de la ciudad.

Los históricos dueños de esas tierras, la familia Zegers Riesco, quieren lotear el terreno para levantar ahí 12 mil viviendas sociales. Para ello contrataron a los expertos de Urbe Arquitectos, quienes ya desarrollaron un máster plan que incluye áreas verdes, colegios y equipamiento en esa zona, considerada una “joyita” de la V Región. Las primeras casas estarán listas el segundo semestre de 2021, mientras que la obra total concluirá en 40 años.

Originalmente el fundo, de Eugenio Zegers León, consideraba más de 650 hectáreas. El agrónomo, dedicado principalmente a la crianza de caballos de carrera, compró el terreno a fines del año 1977, con la idea de plantarlo de trigo, bosques de pino y eucaliptus, además de pastoreo de ganado. 

Hoy, es la tercera generación de la familia quien encabezan la iniciativa. Zegers León tuvo en mente potenciar el fundo Miramar, como un espacio urbano y habitacional con enfoque social, y así se lo transmitió a sus hijos y nietos. “Nuestro abuelo tenía la experiencia de haber desarrollado un proyecto de ciudad como Santa María del Mar en la comuna de Santo Domingo -terreno del que también era dueño-, en conjunto con la Inmobiliaria Manquehue el año 1995”, señala Eugenio Zegers Bunster. En mayo de 2018, quien era el dueño original del loteo, murió. Como no logró ejecutar la idea, los nietos tomaron la posta.

El master plan

En los años 80, San Antonio y Llolleo estaban alejados del fundo Miramar, pero la ciudad fue creciendo y terminó rodeando el terreno por completo. Y, con la construcción de la Autopista del Sol se dividió en dos partes: al oriente, con 232 hectáreas y al poniente, con 400.

En 2004, un cambio en el Plan Regulador de la ciudad definió que el lado oriente de la carretera se establecería como sector industrial, con una franja aproximada de 115 hectáreas. En los últimos años se ha vendido gran parte de esta zona a empresas logísticas portuarias tales como Sitrans, Agunsa, D&C, Comaco y Bío Bío.

En el lado poniente, quedó un área de quebradas y flora nativa como área protegida. Y, sobre la zona urbana y habitacional, se constituyó un uso de suelo mixto que contempla la construcción del “crecimiento natural” de la ciudad. A partir de esto, la familia decidió llevar a cabo un proyecto de desarrollo integral con una densidad equilibrada, áreas verdes, parques y vialidad que dieran un sentido orgánico a la expansión territorial de San Antonio.    

“Fue en este contexto que nos reunimos con Urbe Arquitectos -expertos en el diseño urbanístico de grandes paños de tierra- a fines del año 2018 para desarrollar un master plan para viabilizar el terreno, trabajando con el urbanista Félix De Amesti y su equipo profesional”, señala el nieto del propietario original. La oficina de arquitectos ha desarrollado importantes proyectos como Curauma en la Región de Valparaíso y Parque Cousiño, Valle Santa Elena y Ciudad del Este en la Región Metropolitana. A ellos le plantearon la idea de urbanizar el fundo y maximizar su rentabilidad. “Es un magnífico desafío cuando un proyecto puede hacerse cargo de muchos de los problemas estructurales de una ciudad como San Antonio, una de las capitales provinciales que menos se modernizó en estos últimos 50 años”, señala De Amesti.

San Antonio tiene déficits históricos. En lo habitacional, de los 91 mil habitantes, más de 11 mil -el 12%- son allegados de otras comunas. En relación con el equipamiento, los recintos educacionales, los centros deportivos y las áreas verdes, la localidad es considerada la capital provincial más pobre de la región; y en términos de desocupación tiene el índice más alto de Chile según el INE con un 15% de desempleo cuando el promedio normal no supera el 12%. “Los datos nos indicaban que la modernidad nunca llegó al puerto”, apunta Zegers.

El proyecto representa una inversión total de $US 753 millones, $US 183 millones entrarían dentro de los próximos 5 años y esperan generar mil empleos en sus fases de construcción y operación. El plan contempla 39 hectáreas de áreas verdes, protección del medio ambiente y restauración de la flora de las quebradas del lugar y más de 70 para equipamiento comercial, deportivo, colegios y servicios. “Se ciñe al Plan Regulador vigente en la comuna de San Antonio, que incorpora también materias como la inclusión social y barrios integrados con un alto estándar de calidad y sustentabilidad”, destaca De Amesti.

Postularon a la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía -hasta donde llegan más de 300 solicitudes de este tipo al año- y desde ahí le dieron prioridad a la obra. “El proyecto da la posibilidad para que San Antonio pueda capturar los desafíos que tiene por delante, como el desarrollo del puerto”, señalan desde la GPS.

El ministro de Economía, Lucas Palacios señala que “el proyecto representa una inversión significativa e innovadora para la Región de Valparaíso y la comuna. Entregará nuevas posibilidades de habitación, con altos estándares inmobiliarios, ambientales y de servicios asociados, mejorando la calidad de vida de las personas y familias. La inversión es uno de los focos fundamentales de generación de empleo y de desarrollo futuro, formando parte de la estrategia de recuperación económica del Gobierno”.

Por estos días avanzan en las conversaciones con siete inmobiliarias para hacer proyectos habitacionales con programas de integración social.

Respecto del equipamiento y servicios, las tratativas se han realizado con tres desarrolladores de centros comerciales. En el ámbito educacional, los tres colegios existentes en San Antonio están pensando en relocalizarse ahí con el propósito de tener mejores condiciones de infraestructura, acumulando una matrícula de 1.700 alumnos. Y el estadio que fue testigo de los primeros pasos del futbolista Humberto “Chupete” Suazo -oriundo de esta zona-, tendrá un lugar de mayor tamaño, ahora dentro de este terreno.

Para que todo esto ocurra, los desarrolladores deben llegar a un acuerdo con un grupo de 60 familias que desde enero se instalaron, como toma ilegal, en una zona acotada del terreno. “Hemos ejercido todas las acciones legales ante la Fiscalía de San Antonio”, indica Zegers y añade que “le hemos señalado este tema reiteradamente a la autoridad y está por verse su pronta solución”.

La paradoja, según los propietarios, es que el proyecto busca dotar con más y mejores viviendas y equipamiento a los habitantes de la toma.